La provincia de León tiene un radar fijo de la DGT cada 430 kilómetros de carretera. Para cada 35.317 habitantes hay un radar de localización conocida en la red nacional de carreteras. Luego se suman los radares móviles, los fotorrojos y el resto de dispositivos que los ayuntamientos están incorporando.
Todo ello convierte a León en una de las provincias con mayor saturación de radares de cuantas existen en el país. La Dirección General de Tráfico reconoce la existencia de 14 cinemómetros. Seis de ellos están en la A-6 (Madrid-Coruña). El tramo tiene un total de 19 radares y once de ellos están localizados entre las provincias de León y Lugo.
A mayor abundamiento, la red territorial de carreteras alberga en Ardón el aparato que más multó entre mayo del año pasado y junio de este año. 30.244 sanciones recibieron otros tantos conductores que superaron los límites de velocidad de la zona.
De los 32.763 kilómetros de la red de carreteras de Castilla y León, la provincia suma 6.026. Es la más extensa, solamente seguida de cerca pro Burgos, con 5.052. El mapa de carreteras leonesas duplica al de la provincia de Valladolid. Es el argumento que se utiliza para justificar por qué cada vez que hay una campaña de sanciones de velocidad o de control, la cifra de multas a los conductores leoneses supera con creces la correspondiente a la de otras provincias.
Por whatsapp
La costumbre de difundir a través del whatsapp la ubicación de los radares puede tener los días contados. El juzgado de Instrucción número 1 de los de Pontevedra tramite las diligencias correspondientes a la detención de un individuo que utilizó su grupo de mensajería de móviles para anunciar los lugares en los que se iban a situar los radares móviles en los siguientes días. Se le imputa un delito de revelación de secreto y estando el caso bajo secreto de sumario, se anunciaron nuevas detenciones. La causa sigue su curso. (VER NOTICIA SOBRE AVISOS POR WHATSAPP)
Igualmente, Automovilistas Europeos Asociados ganó un recurso en el Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid por entender que “los fotogramas que se acompañan al expediente administrativo no permiten reputar acreditada la infracción puesto que no gozan de suficiente garantía de veracidad ya que no hay constancia que las imágenes hayan sido captadas y manipuladas por funcionario policial».
Fuente: DiarioDeLeón.es
